Guadalajara, Jalisco. – El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco ha expresado su rotundo rechazo al reciente incremento en la tarifa del transporte público, calificando la aprobación como carente de transparencia y advirtiendo sobre su impacto negativo en la economía de las familias usuarias.
Laura Haro Ramírez, presidenta estatal del PRI, detalló en conferencia de prensa que el aumento, aprobado el 26 de diciembre por el Comité Técnico Tarifario, representa un alza de casi el 50 por ciento en el costo del pasaje, afectando a aproximadamente tres millones de usuarios diarios en la entidad.
Haro Ramírez señaló que esta medida se suma a otros aumentos recientes en servicios esenciales como el agua, el predial y el refrendo vehicular, ejerciendo una presión financiera constante sobre los hogares jaliscienses. El PRI recordó su oposición previa al alza de la tarifa del agua del Siapa, que incluyó votos en contra en el Congreso y recursos legales.
Por su parte, la diputada local Alondra Fausto criticó la falta de información clara sobre los criterios del incremento al transporte y los detalles del subsidio anunciado por el gobierno estatal. Destacó que el costo del transporte se ha convertido en una carga significativa que compite con otros gastos básicos para muchas familias.
En respuesta, la legisladora presentó la propuesta de “Tarifa Social”, una iniciativa que busca determinar el costo del transporte en función de la capacidad de pago real de los usuarios. Este esquema consideraría el ingreso promedio de los hogares, el porcentaje del ingreso destinado a movilidad y la frecuencia de viajes para actividades esenciales.
La propuesta del PRI incluye la creación de un Fondo de Movilidad Social, con reglas claras de operación y supervisión, para definir el subsidio estatal. Entre las acciones que el PRI impulsará se encuentran solicitar al gobernador el veto del incremento, exigir la comparecencia de los secretarios de Transporte y Hacienda, dar seguimiento al padrón de beneficiarios de la tarjeta única, requerir planes de modernización a las empresas concesionarias y establecer compromisos formales para mejorar el servicio en cinco años.
Las representantes del PRI coincidieron en que el ajuste tarifario debe ir de la mano con una mejora en la calidad del servicio y mecanismos de subsidio efectivos, y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando acciones legislativas y legales sobre el tema.