El Congreso de Jalisco confirmó la continuidad del auditor en su cargo tras un proceso transparente y con amplio respaldo, resaltando logros en fiscalización y recuperación de recursos públicos.
El Congreso del Estado de Jalisco aprobó la renovación del mandato de Jorge Alejandro Ortiz como titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) por un período de ocho años. La ratificación contó con 34 votos a favor, consolidando su liderazgo tras su elección original en 2017 y resaltando su desempeño dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Durante el proceso, el auditor afirmó que los resultados de la gestión pasada reflejan un trabajo transparente y constante comunicación con las autoridades y el público, asegurando que todos los informes y promociones están accesibles y se han logrado recuperaciones de recursos por más de 290 millones de pesos en auditorías realizadas entre 2018 y 2023.
Históricamente, esta continuidad en el cargo enfatiza la importancia de fortalecer la fiscalización y la transparencia en la rendición de cuentas en el estado, en un contexto donde la lucha contra la corrupción es prioritaria para la confianza ciudadana y la eficiencia de la administración pública local. La experiencia y resultados del auditor refuerzan su liderazgo en la institución y su papel fundamental en la vigilancia del uso de recursos públicos en Jalisco, en un clima de mayor exigencia por prácticas más transparentes en el sector gubernamental.
Por otro lado, en el ámbito judicial, el Congreso designó a Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cargo que ejercerá hasta 2027. La elección refleja la trayectoria judicial de la funcionaria, en un contexto en que la designación de nuevas magistraturas se encuentra en pausa debido a una suspensión judicial vigente. La renovación del sistema judicial es clave en el proceso de fortalecer la autonomía y eficiencia de las instituciones, aspecto prioritario en la agenda de administración pública en Jalisco.
Este escenario reafirma el compromiso del estado por mantener perfiles competententes en sus órganos de fiscalización y justicia, elementos fundamentales para fortalecer el Estado de Derecho y la transparencia en la gestión pública.