La investigación revela la apropiación de millones de pesos y una red de empresas fachada en un caso que evidencia corrupción en el sector inmobiliario y político.
El Estado de Jalisco investiga un caso de fraude que involucra la adquisición y desvío de fondos en el complejo inmobiliario conocido actualmente como Conjunto Avaterra. La Fiscalía local aseguró 546 departamentos en el marco de una operación que refleja un esquema de corrupción y manipulación financiera. La investigación apunta a Jaime Alberto Moreno Cardeña, un operador financiero vinculado a un partido político de izquierda, quien habría orquestado una red de empresas fachada para desviar recursos públicos y privados.
Moreno Cardeña supuestamente utilizó varias compañías —como Sumados Hacemos Más, Emprendiendo Juntos el Camino y Factor para Ti— para triangular y disfrazar la transferencia de al menos 150 millones de pesos. La mayor parte del dinero, destinado inicialmente a apoyar a micro y pequeñas empresas, terminó en manos de un grupo de personas y empresas relacionadas, que actuaron en conjunto para simular contratos, préstamos y operaciones financieras ficticias. La propiedad de los departamentos, valorados en más de 1,500 millones de pesos, fue adquirida en 2019 mediante la empresa Green Life Capital, que se convirtió en el vehículo para formalizar la compra de Villas Panamericanas.
Este caso destaca por la escala del desfalco, que afecta a al menos 77 personas y 39 empresas vinculadas, y por la implicación de actores políticos y financieros que operan en un entramado de corrupción. La Fiscalía ha tomado posesión ministerial del inmueble para realizar las diligencias periciales y fortalecer la investigación en curso. La estrategia del gobierno estatal apunta a combatir la corrupción y a desmantelar redes que usan recursos públicos con fines particulares, en un esfuerzo por garantizar mayor transparencia en la gestión pública.
Este evento pone en evidencia la complejidad y gravedad de los fraudes inmobiliarios asociados a intereses políticos en Jalisco, y refleja la necesidad de mayores controles y vigilancia en la operación de grandes proyectos de inversión.