La Procuraduría ha promovido un caso contra empresas y personas vinculadas al cártel, en una acción que supera en monto lo recaudado en años anteriores. La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa un proceso de extinción de dominio para recuperar aproximadamente 1,595 millones de pesos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La demanda, presentada el 4 de noviembre, involucra dos empresas radicadas en Jalisco — Agro Corona y Comercializadora Llanos Azules — y cinco individuos, entre ellos Óscar Antonio Álvarez González, señalado como uno de los principales operadores financieros del grupo criminal, quien actualmente se encuentra detenido. Este monto es significativamente superior a lo obtenido por la misma vía en el gobierno anterior, siendo casi el triple de los 572 millones de pesos que la FGR logró en dicho período, comprendido entre 2019 y 2024. La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite incautar bienes y fondos sin necesidad de sentencia penal, mediante un juicio civil, en casos relacionados con actividades ilícitas. El análisis del histórico indica que, además de Álvarez González, la Fiscalía promovió también acciones similares contra Ignacio Corona Vizcaíno, Ignacio Corona Orozco, Luz María del Socorro Orozco Gómez y Silvina González Cobián. En abril pasado, la FGR ya había solicitado a un juez el aseguramiento de los fondos, todos en el banco HSBC, salvo la cuenta de Álvarez González, que se encontraba en Actinver. Desde esas solicitudes, los involucrados promovieron recursos de amparo para proteger sus cuentas, generando un proceso judicial que sigue en curso. Es importante contextualizar la relevancia de estas acciones, ya que la lucha contra las estructuras financieras del crimen organizado ha sido un pilar en la estrategia del gobierno para debilitar esas redes. La extinción de dominio no solo implica la confiscación de recursos ilícitos, sino que también busca generar un efecto disuasorio y fortalecer las capacidade
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