La falta de coordinación institucional, la insuficiente protección a las víctimas y las desapariciones creciente evidencian un problema estructural sin solución a la vista.
La desaparición de personas en México ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en Jalisco, donde más de 15 mil 500 personas permanecen ausentes. La crisis se agrava debido a una profunda deficiencia en los protocolos de búsqueda y a una estructura forense saturada, que requiere más de un siglo para identificar a todos los cuerpos sin nombre en el país. La impunidad en estos casos alcanza casi el 99 por ciento, dejando a las familias en una situación de indefensión y desinformación. La falta de coordinación entre autoridades, junto con la insuficiencia de recursos y personal, dificulta la atención efectiva y revictimiza a quienes buscan a sus seres queridos. Además, la criminalidad organizada, influenciada por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, contribuye a la expansión de desapariciones, en un contexto donde adolescentes y jóvenes son reclutados por redes delictivas. La ausencia de una política pública integral de prevención deja a muchas víctimas sin protección ni atención adecuada. La necesidad urgente es fortalecer las instituciones, implementar programas de búsqueda inmediatos y promover acciones de prevención que consideren las particularidades de cada víctima, especialmente en un escenario donde la protección estatal ha fallado sistemáticamente.