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Investigación revela ampliación no reportada en vivienda de Álvarez-Buylla

La directora del Conahcyt no reportó la ampliación de su vivienda, generando cuestionamientos sobre su gestión y transparencia en declaraciones patrimoniales.

Por Redacción1 min de lectura
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La directora del Conahcyt omitió declarar una ampliación de 60 m² en su propiedad, generando cuestionamientos sobre transparencia y gestión patrimonial.

En un análisis detallado de la declaración patrimonial de 2019 y 2024, se detectó que la presidenta del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, no registró una ampliación importante en su vivienda ubicada en la alcaldía Tlalpan. La propiedad, que originalmente declaraba 223 metros cuadrados de construcción, experimentó una adición de casi 60 metros en el jardín, destinada a la creación de una casa-estudio para su hija, pero esta modificación no fue reportada en su informe de bienes.

Esta omisión plantea cuestionamientos sobre la transparencia en la declaración de bienes de funcionarios públicos. La propiedad, que en realidad ocupa un espacio mayor, refleja una inversión significativa en infraestructura adicional, pero la declaración oficial no refleja esta realidad. Además, Álvarez-Buylla reportó tres propiedades que en conjunto suman un valor cercano a los cinco millones de pesos, incluyendo departamentos y una casa heredada, así como un crédito hipotecario y un automóvil de modelo reciente.

La controversia se intensifica ante la existencia de contratos directos con empresas relacionadas con la estructura diseñada para la vivienda y un proyecto cultural asociado, por valores superiores a los cuatro millones de pesos. La investigación también la vincula con una auditoría superior que detectó presuntas irregularidades por más de 50 millones de pesos durante su gestión, relacionados con pagos sin justificación y contratos sin licitación.

Este caso subraya la importancia de la claridad y precisión en las declaraciones patrimoniales, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar la integridad de los funcionarios públicos.

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