Ciudad de México. – En un giro significativo tras la reciente detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el gobierno de Venezuela ha anunciado la liberación de un número considerable de presos políticos. Este movimiento se produce en medio de peticiones internacionales y mientras organizaciones de derechos humanos denuncian un endurecimiento en el trato a los reclusos. Según la organización Foro Penal, hasta el 5 de enero se contabilizaban 863 personas clasificadas como presas políticas en el país, incluyendo 86 extranjeros y un ciudadano mexicano. La mayoría de estas detenciones se originaron tras las elecciones presidenciales de 2024, un proceso electoral que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ante presuntas irregularidades y fraude. El anuncio de las excarcelaciones fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien describió la medida como un gesto hacia la “convivencia pacífica” y la “unión nacional”. El canciller de España, José Manuel Albares, confirmó la posible liberación de ciudadanos españoles y calificó la acción como “un paso muy positivo”. Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó sobre un “patrón de endurecimiento” en el trato a los presos políticos, incluyendo la suspensión de visitas y la entrega de suministros, lo que ha generado incertidumbre entre sus familias. La Plataforma Unitaria Democrática y líderes opositores como María Corina Machado han reiterado que la liberación total e incondicional de los presos políticos es un requisito fundamental para cualquier avance hacia una transición democrática y reconciliación nacional. Foro Penal ha propuesto una amnistía general, aclarando que esta no implicaría impunidad por crímenes de lesa humanidad.
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