La iniciativa del intendente Susbielles para financiar mejoras en la infraestructura local genera rechazo empresarial y debate sobre la legalidad de la medida.
Una disputa emerge en Bahía Blanca debido a la propuesta del intendente Federico Susbielles de implementar una tasa extraordinaria a las empresas del Polo Petroquímico, con el objetivo de financiar obras hidráulicas por un monto de 27 mil millones de pesos. La iniciativa busca cubrir fondos que, según las autoridades locales, no han sido recibidos del Estado nacional tras recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei, incrementando la carga fiscal sobre la industria local.
El plan contempla elevar la alícuota de la tasa de seguridad e higiene del 8,1% al 20%, además de aumentar la tasa sobre la facturación del 0,8% al 2%, y aumentar otras contribuciones municipales en un 75%. También se propone la creación de una tasa solidaria adicional. Las empresas afectadas consideran que estas medidas representan un sobrecosto que podría obstaculizar su desarrollo y consideran la posibilidad de acudir a instancias judiciales para frenar el aumento. Algunos industriales ya evalúan dejar de facturar en Bahía Blanca para evitar el incremento impositivo.
Por su parte, el municipio justifica la medida argumentando que estos recursos son necesarios para compensar la falta de fondos provenientes del gobierno nacional y cumplir con las obras urgentes tras el temporal de marzo pasado. Sin embargo, disidentes y sectores de la oposición cuestionan la legalidad de aplicar tasas con fines distintos a los establecidos originalmente, y advierten que la medida puede desalentar la inversión en la región. La polémica evidencia las tensiones entre las autoridades locales, el sector industrial y el gobierno nacional, en un contexto de recortes presupuestarios y conflictos económicos.
Estas medidas en Bahía Blanca reflejan un escenario donde las gestiones municipales buscan alternativas para sostener proyectos de infraestructura ante la reducción de fondos nacionales, y generan un debate sobre los límites y la legalidad de las nuevas cargas fiscales en el sector privado.