Estados Unidos y México toman medidas contra establecimientos y familias vinculadas al cártel de Sinaloa, reforzando la lucha contra el lavado de dinero transfronterizo.
Recientes acciones conjuntas de las autoridades estadounidenses y mexicanas han puesto en evidencia los lazos entre casinos en México y actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. En Estados Unidos, una investigación liderada por el Departamento del Tesoro identificó a diez casinos en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, que estarían bajo el control de un grupo criminal con una larga trayectoria en operaciones financieras ilícitas. Se sostiene que estos establecimientos facilitan labores de lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del país vecino. Esta práctica representa una amenaza significativa para la seguridad y la estabilidad del sistema financiero estadounidense, y las autoridades han propuesto restricciones para bancos que involucren cuentas vinculadas a estos sitios de juego.
Por otro lado, el Departamento del Tesoro sancionó a seis miembros de la familia Hysa, originarios de Albania, quienes supuestamente usaron sus casinos y restaurantes en México como fachadas para blanquear fondos del mismo cártel. Los Hysa han negado vínculos con actividades delictivas, aunque las investigaciones indican que uno de sus miembros, que divide su residencia entre México y Canadá, habría trabajado en transferencias millonarias en efectivo hacia Estados Unidos. Estas medidas coinciden con acciones mexicanas que suspendieron operaciones de 13 casinos por presuntos planes de lavado, aunque aún no está claro si ambas operaciones están relacionadas. Los esfuerzos conjuntos reflejan una estrategia multidimensional para desmantelar redes de lavado que operan en ambos países.
La aproximación coordinada busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y proteger la integridad del sistema financiero en Norteamérica, en un contexto donde los delitos transfronterizos representan un desafío constante para la seguridad pública y la estabilidad económica.