El ex gobernador de Salta es la pieza clave en la estrategia del gobierno para controlar el Senado y frenar la oposición, con varias ofertas sobre la mesa.
En un movimiento estratégico, Juan Carlos Romero decidió no renovar su banca en el Senado y se aleja de la disputa electoral en su provincia, Salta. La decisión responde a un acuerdo político para que el ex gobernador actúe como un freno a las embestidas de la oposición en el Congreso, especialmente ante la creciente tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel. La salida de Romero, quien mantiene un perfil político moderado, genera un vacío que el gobierno busca llenar con múltiples ofertas para asegurar lealtades y mantener el control del poder legislativo.
Por su parte, Karina, una figura importante en la escena política, le ha propuesto a Romero asumir el ministerio del Interior o la Auditoría General de la Nación, buscando fortalecer su influencia y contener el avance de bloques opositores. Sin embargo, Romero aún no ha aceptado ninguna de las propuestas, que incluyen también la posibilidad de integrar una posible ampliación del Tribunal Supremo, aunque esta opción resulta poco probable por su edad. La estrategia del gobierno refleja su preocupación por mantener una presencia destacada en el Senado, en un contexto donde las desavenencias internas y las alianzas en juego complican la situación política nacional.
El gobierno ha realizado varias ofertas para asegurar a Romero, quien en los primeros meses del mandato garantizó una mayoría en el Senado, pero desde entonces ha visto cómo los bloques opositores, particularmente los libertarios, buscan desestabilizar esa base. La figura de Romero continúa siendo central en la dinámica del poder, con su decisión final aún en discusión, en un escenario donde la negociación y el control político son fundamentales para la estabilidad del Ejecutivo.