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La renuncia de Reidel busca proteger activos públicos ante litigios por YPF

La renuncia de Reidel busca evitar embargos sobre activos estatales en un proceso judicial por la estatización de YPF, en medio de tensiones internas y negociaciones.

Por Redacción1 min de lectura
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La salida del asesor de Milei responde a la intención de evitar embargos sobre activos estatales en una disputa legal millonaria.

En un contexto marcado por tensiones internas en el gobierno argentino, Demian Reidel dejó su cargo como asesor en el equipo de Javier Milei, una decisión que fue aceptada con resistencia para evitar que la estructura oficial respalde argumentos en una disputa legal significativa. La renuncia responde a esfuerzos del Estado por blindar activos públicos, como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Nucleoeléctrica Argentina, frente a posibles embargos derivados de una sentencia desfavorable en un caso que cuestiona la estatización parcial de YPF.

La causa, que ya tiene una resolución firme en contra, ha llevado a los demandantes a explorar vías para cobrar la indemnización mediante la ejecución de activos estatales. Para ello, la Procuración del Tesoro solicitó que Reidel abandone su posición en el Ejecutivo, con el fin de reducir el apoyo legal y argumental del gobierno en el proceso judicial. La relación entre Reidel y Gerry Mato, intermediario de Burford Capital para negociar con Argentina, también ilumina el entramado de intereses en estas negociaciones, en las que el Ministerio de Economía busca un acuerdo de pago que facilite la reingresar a los mercados de deuda.

Simultáneamente, Argentina avanza en instancias judiciales internacionales, solicitando la suspensión de la entrega del control accionario de YPF, mientras las entidades beneficiarias del fallo, Burford Capital y Eton Park, expresaron su interés en evitar el embargo de acciones, buscando garantías alternativas para asegurar el cumplimiento de la indemnización. La situación revela la complejidad del proceso y los esfuerzos del gobierno por gestionar y limitar el impacto financiero sobre el patrimonio estatal.

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