La intensificación de operativos ha detenido a más de 500 mexicanos desde junio, generando preocupación en la comunidad migrante.
Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos han generado un incremento en las detenciones de migrantes mexicanos. Desde el 6 de junio, más de 500 personas han sido arrestadas en operaciones que ahora alcanzan niveles inéditos en el país. La comunidad migrante reporta que las redadas se realizan en lugares públicos, centros de trabajo, iglesias y hospitales, con un impacto directo en las familias y en las condiciones de vida de los afectados.
El aumento en las operativos ha llevado a que migrantes bajen el ritmo de trabajo y eviten actividades extras, incluyendo salidas recreativas y gastos no esenciales. Artemio Arreola, representante de Casa Michoacán en Chicago, señala que “la gente ha bajado el ritmo del trabajo, algunos arriesgándose todos los días siguen saliendo, solamente que hacen lo mínimo posible”. La situación ha provocado una percepción de mayor hostilidad y vulnerabilidad en la comunidad mexicana en Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca, anunció planes de deportación masiva, considerando que los migrantes “invadieron” Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance estimó la deportación de un millón de migrantes anualmente. La administración autorizó redadas en espacios antes considerados intocables, como iglesias, escuelas y hospitales, ampliando el alcance de los operativos.
Uno de los centros de detención más señalados es el Centro Alligator Alcatraz en Florida, donde casi un centenar de migrantes mexicanos han sido encarcelados en condiciones reportadas como precarias. Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes en Estados Unidos, denuncia que en ese centro “los tienen encadenados, ni siquiera les quitan las cadenas para ir al baño, de pies y manos, los golpean. Son más que centros de detención, son centros de concentración”.
Estas acciones han generado un clima de preocupación y temor en las comunidades mexicanas, que enfrentan un escenario de mayor inseguridad jurídica y riesgos de deportación en cualquier momento y lugar.