El gobierno peruano busca modificar el acuerdo internacional para limitar el uso del derecho al asilo, tras otorgar protección a Betssy Chávez en medio de tensiones con México.
Perú anunció su intención de solicitar una revisión y posible modificación de la Convención de Caracas de 1954, ante lo que consideran un uso distorsionado del derecho al asilo político. La decisión fue motivada por el otorgamiento de protección a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta cargos por rebelión y conspiración relacionados con el fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
La cancillería peruana aclaró que no emitirá un salvoconducto para que Chávez abandone el país hasta finalizar consultas con juristas y otros países de la región. La postura apunta a que el derecho al asilo no debe convertirse en protección para individuos acusados de delitos comunes, sino mantenerse como un mecanismo de protección contra persecuciones políticas reales. En ese sentido, Perú enfatizó que la protección a Chávez no es por sus ideas, sino por presuntos actos ilegales, contextualizando su postura en un escenario regional donde otros países también enfrentan debates sobre el uso del asilo en casos judiciales.
Como antecedente, el gobierno peruano recordó que su posición es similar a la que adoptó Ecuador en 2024, cuando enfrentó un conflicto diplomático con México por el asilo otorgado al exvicepresidente Jorge Glas, incidente que culminó con la entrada forzada a la embajada mexicana en Quito. Aunque Perú no contempla medidas extremas, sí decidió romper relaciones diplomáticas con México tras la aceptación del asilo, profundizando las tensiones bilaterales y el debate regional sobre los límites del derecho al asilo y la necesidad de aggiornar los marcos legales latinoamericanos.
Esta situación revela las complejidades jurídicas y diplomáticas que enfrentan los países en la protección de derechos humanos y soberanía, confrontando la tradición del derecho internacional con realidades políticas y judiciales actuales.