Ciudad de México. – La reciente estrategia de Estados Unidos en Venezuela, enfocada en la captura de Nicolás Maduro, ha redefinido las complejidades de la soberanía latinoamericana y presenta un espejo crítico para México. A diferencia de intervenciones pasadas, como la Operación Causa Justa en Panamá contra Manuel Noriega, el enfoque actual busca una ‘transición ordenada’ que, aunque pragmática, suscita dilemas morales y políticos significativos.
La Operación Causa Justa en 1989 resultó en la devastación de infraestructura civil y miles de muertes, dejando a Panamá en un estado de inestabilidad prolongada. La lección aprendida fue la necesidad de una estrategia clara para llenar el vacío institucional post-captura. En contraste, el intento de Estados Unidos en Venezuela parece priorizar la negociación con actores dentro de las estructuras chavistas, planteando interrogantes sobre posibles acuerdos de impunidad y la garantía de justicia para crímenes de lesa humanidad.
La historia del narcotráfico revela un patrón de negociaciones donde la reducción de condenas se ofrece a cambio de información. El caso de Carlos Lehder ilustra cómo acuerdos de cooperación permitieron que figuras clave del narcotráfico obtuvieran penas reducidas. La posibilidad de que Maduro coopere, dadas las acusaciones de vínculos con el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, podría exponer conexiones políticas en toda la región, incluyendo a actores en México. Esto presentaría a Donald Trump un incentivo para ofrecer un trato que mitigue las consecuencias legales a cambio de inteligencia sobre redes criminales hemisféricas.
Las lecciones del caso Noriega son múltiples: la captura militar no desmantela las redes criminales, sino que a menudo permite su reorganización; los crímenes cometidos mientras se era aliado de potencias extranjeras pueden ser convenientemente olvidados; las garantías de derechos humanos son vulnerables en operaciones de alto perfil; y la captura no mejora intrínsecamente la gobernanza ni erradica la corrupción o la presencia de cárteles.
Para México, la situación venezolana es una advertencia crítica. Durante dos décadas, México ha enfrentado una corrupción sistemática que ha permeado sus instituciones. La intervención estadounidense en Venezuela se activa cuando un régimen cruza umbrales definidos por narcotráfico a gran escala, hostilidad hacia Washington y riesgo de contagio regional. Aunque México mantiene relaciones formales y coopera en seguridad, esta alianza es frágil, y el riesgo de una erosión gradual de la soberanía, incluyendo presiones para operaciones militares de EE.UU. en territorio mexicano, es real.
La posible cooperación de Maduro y la revelación de nombres de cómplices políticos mexicanos podrían tener un efecto cascada significativo. Se ha documentado financiamiento de redes de drogas venezolanas a funcionarios en entidades como el Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Una desestabilización de gobiernos locales a través de investigaciones podría ser una consecuencia directa.