El gobierno mexicano sostiene su decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, reforzando su postura en el marco del derecho internacional y la tradición humanista.
En respuesta a la ruptura de relaciones diplomáticas impulsada por Perú debido al otorgamiento de asilo a Betssy Chávez, México mantiene su posición de respaldo a su decisión. El país argumenta que el acto se ajusta a principios del derecho internacional, específicamente a lo establecido en la Convención de Caracas, que regula las solicitudes de asilo político. La ex primera ministra peruana buscó refugio en México alegando violaciones a sus derechos procesales y persecución política, motivos que se consideran válidos en el marco de la protección internacional.
México ha reiterado que su decisión busca actuar con base en una tradición humanista que prioriza el respeto a los derechos humanos y el asilo político. El gobierno mexicano aclara que, más allá de discrepancias, mantiene un compromiso de amistad y diálogo con Perú, rechazando cualquier medida que implique una ruptura diplomática que afecte las relaciones bilaterales. La postura se fundamenta también en el Artículo 11 de la Constitución Mexicana, que garantiza el derecho a buscar asilo sin que ello implique un acto de hostilidad entre naciones. La acción de México busca fortalecer su imagen como promotor de los derechos humanos y la asistencia internacional en casos de persecución política.
Este episodio refleja las complejidades diplomáticas en escenarios donde el asilo y la protección internacional generan tensiones entre países, mostrando la importancia de las decisiones que se toman en el contexto del respeto mutuo y la legalidad internacional.