En los últimos años, la relación entre México y Estados Unidos ha mostrado un patrón de interpretaciones acomodaticias por parte del gobierno mexicano, particularmente en temas de seguridad y migración. La reciente visita del senador Marco Rubio puso de manifiesto cómo las exigencias estadounidenses continúan presionando al país, con México reaccionando con medidas que suelen reforzar la cooperación técnica sin buscar una verdadera igualdad de condiciones. Aunque el combate al tráfico de fentanilo y la contención migratoria son prioridades compartidas, la ausencia de una estrategia que defienda los intereses nacionales ha permitido que Estados Unidos imponga condiciones que limitan la soberanía mexicana.
El gobierno mexicano ha aceptado ampliar la vigilancia en puertos, reforzar controles migratorios y facilitar la operación de agencias estadounidenses en territorio nacional. Sin embargo, esta colaboración se realiza sin poner en marcha mecanismos que aseguren una reciprocidad genuina, en particular en el control del flujo de armas desde Estados Unidos hacia México, un factor que alimenta la violencia interna. La gestión migratoria, que incluye la protección de la frontera sur y el manejo de campamentos de migrantes, también refleja un papel de México como amortiguador de los problemas políticos en EE. UU., a costa de su desgaste social y político.
Detrás de los discursos públicos, existen acuerdos que amplían la presencia de agencias extranjeras en territorio mexicano y vinculan temas energéticos con seguridad, sin que en realidad se fortalezcan los intereses soberanos. La política exterior adoptada se caracteriza por su carácter reactivo y por una postura de complacencia que prioriza la narrativa de cooperación por encima de la defensa de la integridad y la autonomía del país. La visita reafirmó que, sin una estrategia clara, México continúa cediendo espacios en su relación con Estados Unidos, lo que podría impactar su estabilidad y soberanía.