Después de 18 años, la CIDH reconoce la responsabilidad del Estado mexicano en un caso que revela fallas en la investigación y atención a víctimas indígenas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la responsabilidad internacional del Estado mexicano en el caso de Ernestina Ascencio, una mujer indígena nahua de 73 años cuyo fallecimiento en 2007 estuvo vinculado a actos de violencia sexual y lesiones graves perpetrados por militares. La condena llega tras una exhaustiva revisión que evidenció que, en su momento, las autoridades minimizaron los hechos y no ofrecieron una atención médica adecuada, lo que contribuyó a la muerte de la víctima.
Este fallo se produce en un contexto en el que México enfrenta una creciente revaloración de los derechos humanos, especialmente en comunidades indígenas afectadas por procesos de militarización y discriminación. La sentencia también destaca las deficiencias en las investigaciones oficiales, que carecieron de un abordaje con perspectiva de género, étnica y de edad, además de la falta de mecanismos efectivos para garantizar la justicia y reparación a las familias afectadas.
La relevancia del caso radica en cómo revela las fallas estructurales en la protección de derechos en regiones vulnerables y en la urgencia de implementar políticas públicas que promuevan justicia y reparación en casos de violencia contra poblaciones indígenas y personas mayores. La resolución refuerza la necesidad de mecanismos efectivos para investigar y sancionar actos de tortura y abuso, además de fortalecer la atención en los sistemas de salud y justicia para comunidades indígenas monolingües y marginadas.
Este fallo sienta un precedente importante en la lucha por la justicia internacional y la protección de derechos fundamentales en México, destacando el papel de organismos internacionales en fiscalizar y exigir responsabilidad a los estados en casos de violaciones graves.