La modificación a la Ley de Necesidad y Urgencia restringe la aprobación de decretos y refuerza el control parlamentario en Argentina.
El Senado de Argentina aprobó una reforma clave a la Ley de Necesidad y Urgencia, una iniciativa que busca fortalecer el rol del Congreso en la aprobación y rechazo de decretos presidenciales. La modificación establece que los decretos, conocidos como DNU, deberán tratarse de forma individual por cada cámara, evitando conjuntos amplios que puedan habilitar al Ejecutivo a gobernar por decreto sin control legislativo. Además, la ley establece que las cámaras solo podrán ratificar los decretos si lo hacen por mayoría absoluta en un plazo de 90 días desde su publicación. En caso de rechazo, el decreto queda derogado automáticamente.
Estos cambios representan un avance en la construcción de controles institucionales más estrictos, limitando prácticas anteriores como la aprobación automática de ciertos decretos y promoviendo un equilibrio de poderes. La reforma surge en un contexto de creciente interés por fortalecer la democracia y reducir las facultades excepcionales del Ejecutivo. La legislación, que seguirá su trámite en la Cámara de Diputados, responde a demandas sociales y políticas de mayor transparencia y control constitucional.
Históricamente, la capacidad del presidente de emitir decretos de necesidad y urgencia ha sido un tema polémico, asociado tanto a herramientas legales válidas como a potenciales abusos. Desde 2006, la ley previa requería el consenso de ambas cámaras para rechazar un DNU, un trámite que raramente se cumplía. La reciente modificación apunta a revertir esa tendencia, garantizando que cada decreto pase por un control más riguroso del Congreso.