El juez revirtió el rol del Ministerio de Salud en la investigación y apunta a irregularidades en la supervisión oficial y responsabilidad política en la tragedia.
Un avance decisivo en la pesquisa por la crisis del fentanilo en Argentina se manifestó cuando el juez federal Ernesto Kreplak decidió retirar al Ministerio de Salud de la calidad de parte querellante en la causa. Esta decisión permitirá que la investigación profundice en las posibles fallas y negligencias en los controles oficiales que permitieron la producción y distribución de la sustancia en condiciones peligrosas. La medida también implica que se indagará con mayor intensidad a responsables políticos, en particular a la cartera liderada por Mario Lugones, tras la creciente evidencia de omisiones por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
La fiscal federal Laura Roteta realizó un informe contundente señalando que, pese a haber detectado problemas graves en un laboratorio de Rosario durante inspecciones entre noviembre y diciembre del año pasado, la Anmat no ordenó el cierre inmediato. La lazón tardía en actuar, con una demora de varios meses, habría contribuido a la tragedia que ya ha causado la muerte de casi cien personas, y que ha generado una fuerte presión social y política para esclarecer las responsabilidades. En respuesta, el gobierno comenzó a tomar medidas correctivas, desplazando a una funcionaria clave en los controles regulatorios para proteger a la actual directora de la Anmat, Agustina Bisio.
Este escenario de avances judiciales y administrativos refleja la gravedad de una crisis sanitaria, evidencia de la necesidad de fortalecer los controles sanitarios y la responsabilidad gubernamental en la protección de la población. La investigación continúa, y la tendencia indica una mayor exposición de las omisiones que facilitaron la circulación del fentanilo en territorio argentino.