Una investigación revela pagos ilícitos y compra de terrenos en medio de una causa judicial cerrada por prescripción, evidenciando la fragilidad del sistema judicial en la región.
En un caso que evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial en Rosario, se ha conocido que un magistrado que se desempeñó hasta 2023 habría recibido pagos ilegales asociados a una compra de terrenos y a una investigación penal en curso. La operación ocurrió en 2020, cuando el juez Marcelo Bailaque realizó una transacción con un empresario del sector construcción, Marcelo Burgués, vinculada a una causa por delito tributario que posteriormente fue cerrada por prescripción. Sin embargo, la complejidad del asunto trasciende esa decisión, ya que testigos y arrepentidos revelan que el juez recibió una suma considerable en su despacho, relacionada con la adquisición de un lote en una localidad de Funes, por parte de Edeca SA, una constructora investigada por sobrefacturación de IVA.
Este contexto se intensifica con las declaraciones del financista Fernando Whpei, quien señaló que en medio de una colaboración con la justicia, confesó pagos de sobornos y transferencias ilegales. Whpei mencionó que Bailaque le preguntó en plena pandemia por inversiones en un barrio privado y que, posteriormente, el magistrado cerró la compra del terreno, la cual fue realizada a nombre de la esposa del juez, Graciela Martínez Maulión, también imputada por lavado de activos. La constancia de estos hechos se enriquece con la declaración espontánea del empresario Burgués, quien confirmó la entrega de dinero en efectivo, además de la compra por debajo del valor de mercado.
Estas revelaciones dejan en evidencia la desidia en el control de expedientes en Rosario, donde numerosos casos penales tributarios terminan archivados sin investigaciones efectivas. La presencia de sobreseimientos y expedientes que permanecen sin seguimiento refuerza un sistema judicial sumido en la discrecionalidad y la falta de fiscalización. La investigación también apunta a la posible complicidad de otros actores, y las autoridades judiciales están en marcha con medidas precautorias y pedidos de embargo en torno a los bienes implicados.
Por ahora, las autoridades continúan con las pesquisas, enfocándose en rastrear los movimientos financieros y vínculos familiares del ex magistrado que, según fuentes oficiales, podrían tener implicaciones más allá del caso puntual. La transparencia en este tipo de procesos resulta fundamental para recuperar la confianza en la justicia y evitar que casos de corrupción queden en la impunidad.