Autoridades hondureñas solicitan la cooperación internacional para detener al expresidente, tras ser indultado en Estados Unidos por un caso de narcotráfico.
En un movimiento estratégico, las autoridades de Honduras solicitaron a Interpol emitir una ficha roja para localizar y detener a Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño, tras recibir un indulto en Estados Unidos. La petición fue formalizada por el fiscal general del estado, Johel Zelaya, quien también ordenó la captura internacional por delitos de lavado de activos y fraude relacionados con un escándalo de corrupción que involucra a exdiputados y empresarios. Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, fue liberado en diciembre pasado después de que Estados Unidos otorgara un perdón que generó polémica a nivel regional.
La historia de Hernández en la política hondureña es emblemática, habiendo ascendido en el Partido Nacional y ejerciendo cargos desde diputado hasta presidente en un período marcado por políticas de seguridad y programas sociales, pero también por acusaciones de corrupción. La condena de 2024 derivó de testimonios que vinculan su mandato con operaciones de cárteles internacionales, hecho que elevó su perfil como una de las figuras políticas más altas condenadas en la región por narcotráfico. La decisión de su liberación, tomada por Donald Trump, ha profundizado las tensiones en Honduras y plantea nuevos desafíos en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, una zona donde la corrupción y el narcotráfico siguen siendo amenazas persistentes para la estabilidad política y social.
El caso de Hernández ejemplifica cómo las dinámicas del narcotráfico y la corrupción interconectan a nivel regional, afectando la gobernabilidad y la justicia. En un contexto donde la cooperación internacional resulta crucial para combatir estas problemáticas, la emisión de una ficha roja busca facilitar su captura y garantizar que enfrente las acusaciones pendientes en Honduras. La situación continúa siendo un reflejo de la complejidad del combate contra el crimen organizado en un territorio marcado por las dificultades para consolidar un Estado de derecho sólido.