Trabajadores del hospital revelan que más de 40 mil millones de pesos están en un fondo común de inversión, generando cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos.
En medio de una crisis que pone en duda la gestión del Hospital Garrahan, empleados y profesionales del centro de salud denunciaron que una considerable suma de fondos, cercana a los 40 mil millones de pesos, ha sido canalizada hacia un fondo común de inversión en el Banco Nación. Esta inversión, que al cierre de 2024 alcanzaba más de 44 mil millones de pesos con intereses acumulados, se realizó con recursos recaudados principalmente por el hospital a través del cobro a obras sociales y prepagas, que representan aproximadamente el 35% de las prácticas médicas realizadas en la institución.
La controversia surge en el contexto de una disputa política sobre el manejo de fondos públicos y el presupuesto del hospital, fundamental en la atención pediátrica en Argentina. La inversión en un fondo financiero, en lugar de ser destinada a infraestructura o mejoras en recursos humanos, ha generado inquietud entre el personal, que sostiene que estos recursos deberían estar en manos de los trabajadores y utilizados en la atención directa.
Estos hechos se hicieron públicos tras una requisitoria de información por parte de una diputada nacional, lo que evidenció la utilización de recursos del hospital en actividades financieras en lugar de su inversión directa en el servicio de salud. Autoridades del Hospital, incluyendo al director médico y la consejera administrativa, fueron consultadas sobre la situación, pero aún no se conocen detalles de su respuesta. La dependencia administrativa del hospital está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, quien mantiene vínculos profesionales con figuras relacionadas a su gabinete, lo que añade complejidad a la problemática.
El manejo de estos fondos públicos en inversiones financieras ha sido calificado por algunos analistas como una práctica cuestionable, dado el impacto en la calidad de atención y en los recursos destinados a la infraestructura y a los salarios de los profesionales. La situación pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en la utilización de los recursos en instituciones clave de salud pública.