Tras la firma de un pactó para la entrega de agua, EE.UU. mantiene la posibilidad de tomar acciones soberanas en caso de incumplimiento por parte de México. El pasado 12 de diciembre, México y Estados Unidos formalizaron un acuerdo para la distribución de agua, que incluyó un compromiso mayor al solicitado previamente por la administración estadounidense. La negociación, sustentada en los marcos del Tratado de Aguas de 1944 y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC), establece cinco puntos, siendo uno de los más relevantes la posibilidad de que ambos países adopten acciones soberanas ante eventuales incumplimientos. El punto cinco del acuerdo señala que, si cualquiera de las partes no cumple con sus obligaciones, cada país puede responder de acuerdo con sus intereses nacionales, siempre respetando sus compromisos internacionales. Hasta la fecha, Estados Unidos no tiene deudas pendientes respecto a las entregas de agua por los ríos Colorado y Tijuana, por lo que el enfoque principal recaería en el cumplimiento de México en el río Bravo. Este mecanismo ha sido interpretado como una herramienta de presión más que una acción concreta, dado que la respuesta estadounidense aún es ambigua, dejando abierta la posibilidad de medidas como aranceles o sanciones en caso de incumplimiento. La relevancia de este acuerdo radica en su impacto en las relaciones bilaterales y en la gestión sostenible de un recurso crítico para ambos países, especialmente en un contexto de crecientes tensiones por el uso del agua en la región. El acuerdo refleja también la importancia de una cooperación continua en un marco de respeto mutuo, en medio de desafíos relacionados con el cambio climático y el aumento de la demanda de recursos hídricos en América del Norte, situación que requiere mecanismos claros y efectivos para garantizar la seguridad hídrica en ambos países.
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