El Congresista
Internacional

Empresa española controlada por el gobierno busca contrato del INE

La licitación del INE para imprimir credenciales involucra a una firma española controlada por el gobierno, generando inquietudes sobre transparencia y competencia.

Por Redacción1 min de lectura
Compartir
Compartir esta nota

La licitación para imprimir más de 94 millones de credenciales niega la exclusividad y abre puertas a competidores con vínculos políticos y económicos controversiales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó una licitación para la impresión de más de 94 millones de credenciales de elector hasta el año 2031, en un proceso que ha generado preocupación por la participación de empresas con vínculos políticos y económicos controvertidos. Este contrato, valorado en aproximadamente 4,000 millones de pesos, representa una parte importante del presupuesto del organismo electoral. Actualmente, la firma alemana Veridos es la encargada de este servicio, pero las modificaciones en las condiciones de la licitación han facilitado la entrada de nuevos competidores.

Entre estas compañías destaca Indra, una firma española que, en los últimos años, ha estado bajo control casi total del gobierno de España a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta adquisición ha centrado la atención en su relación con actores políticos y judiciales, especialmente por su participación en proyectos vinculados a figuras cercanas al poder en España, como la esposa del presidente.

La convocatoria ha suscitado inquietudes internas dentro del INE, donde algunas consejeras han señalado retrasos y cambios en las reglas del proceso, considerados favorables a ciertos oferentes. Veridos, el proveedor actual, también expresó su preocupación ante la reducción de requisitos de experiencia, medida que podría favorecer a empresas con menor capacidad y experiencia en proyectos de gran escala. Además, cuestionó la preferencia otorgada a empresas que tengan presencia en México, a pesar de tratarse de una licitación internacional, y las exigencias relacionadas con certificaciones nacionales.

Este escenario refleja los desafíos de garantizar transparencia y equidad en procesos de contratación pública que involucran actores internacionales y empresas con históricos vínculos políticos, en un contexto donde la gestión electoral requiere de altos estándares de integrity y competencia.

¿Te gustó esta nota?
Compartir esta nota