Kinshasa, República Democrática del Congo. – El 17 de abril, quince ciudadanos latinoamericanos, incluyendo siete peruanos, tres ecuatorianos y cinco colombianos, desembarcaron en la capital congoleña tras ser deportados por Estados Unidos bajo un nuevo protocolo de deportación que ha desatado controversia y críticas por derechos humanos.
Los deportados arribaron en un vuelo procedente de Luisiana. Esta acción forma parte de un acuerdo que permite a EE. UU. enviar individuos con órdenes de protección al extranjero, siendo RDC uno de los países elegidos como destino transitorio desde inicios de abril. Los individuos se encuentran bajo la custodia de hotel Venus Village, donde se espera que permanezcan hasta que se definan sus solicitudes de asilo.
Cécile Blouin, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, ha señalado la opacidad y la falta de estándares adecuados en estos acuerdos de deportación. La situación es particularmente preocupante para los deportados, quienes podrían enfrentar violaciones a sus derechos fundamentales al ser enviados a un país con conflictos internos y sin garantías de seguridad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha confirmado el estatus de sus ciudadanos y afirma que la adopción de esta medida fue voluntaria, hecho que ha sido puesto en duda por abogados que representan a los deportados. Según Moisés Montiel, especialista en derecho internacional, la normativa internacional prohíbe la devolución de personas a países donde su integridad esté en riesgo, lo que podría ser el caso en esta ocasión.
La Organización Internacional para las Migraciones está ofreciendo asistencia humanitaria a los deportados, aunque la abogada Alma David ha denunciado que esta ayuda puede considerarse coacción. De acuerdo con ella, la presión que enfrentan los deportados para regresar a sus países de origen en este contexto es problemática y contraria a los principios de seguridad y derechos humanos.