Desde agosto, el gobierno de Argentina incumple pagos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, profundizando una disputa financiera que refleja la crisis fiscal del país.
El gobierno de Argentina acumula una deuda de aproximadamente 360 mil millones de pesos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde agosto, tras incumplir reiteradamente el acuerdo de transferencia semanal de fondos en concepto de coparticipación. La controversia se intensificó en 2022, cuando la Corte Suprema ordenó que la Nación efectuara pagos semanales a Jorge Macri, actual jefe de gobierno porteño, mientras se resolvía la disputa relacionada con la reducción de fondos a la capital por parte del oficialismo nacional en ese entonces.
Originalmente, se estableció un mecanismo que garantizaba la entrega diaria del 1,4% de la coparticipación y una transferencia semanal equivalente al 1,55%, destinada a gastos de seguridad. Sin embargo, en los últimos meses, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ha reducido considerablemente los pagos, enviando montos inferiores a los acordados e incluso quedando en desacato a los compromisos judiciales. Caputo sostiene que el porcentaje de coparticipación que corresponde a la Ciudad debería ser entre el 2,2% y 2,4%, muy por debajo del 2,95% definido en noviembre de 2022, lo que motiva la retención de fondos para ajustar la repartición.
La recesión y la baja en la recaudación tributaria nacional agravan aún más la situación, afectando también la distribución de fondos a las provincias. Hasta noviembre, la Nación había entregado 131 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pero la escasez de recursos continúa limitando la asistencia financiera a las distintas jurisdicciones, con solo 68 mil millones de pesos disponibles para el cierre del año. La tensión también alcanza a otras provincias, como Córdoba, cuya estructura de fondos nacionales ha sido cuestionada en el marco de disputas históricas en el reparto de recursos.
Este contexto evidencia la fragilidad de las finanzas públicas argentinas, mermadas por una combinación de crisis económica, baja en la recaudación y disputas políticas que complican la ejecución del gasto. La situación obliga a una revisión profunda de las políticas fiscales y de distribución de fondos, de cara a la necesidad urgente de estabilizar las finanzas nacionales y garantizar recursos básicos a las regiones.
La relación entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires refleja el impacto de la crisis fiscal en la política argentina, poniendo en evidencia cómo los desequilibrios económicos afectan la distribución de recursos esenciales y generan tensiones institucionales que ponen a prueba la estabilidad del país.