La estrategia de repatriación ha involucrado a múltiples dependencias mexicanas, ofreciendo atención humanitaria y apoyo para el retorno a las comunidades de origen.
Desde principios de 2023, el gobierno de Estados Unidos ha repatriado a más de 145 mil mexicanos, en un esfuerzo coordinado que abarca diversos medios de transporte y programas humanitarios. La cifra, que se registró entre enero y diciembre, refleja una estrategia conjunta que busca atender de manera integral a las personas retornadas, garantizando acceso a servicios básicos y derechos humanos.
Este proceso de retorno ha sido gestionado mediante la colaboración de 34 dependencias federales mexicanas, que ofrecen desde atención médica y jurídica hasta apoyo psicológico y para el reinicio de sus actividades económicas en sus comunidades de origen. La mayor cantidad de deportaciones por vía terrestre ocurrió en octubre, mientras que en agosto se intensificaron los retornos aéreos, principalmente en aeropuertos de Villahermosa, Tapachula y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Es importante contextualizar que estos flujos de migración y retorno reflejan un fenómeno complejo, influenciado por factores económicos, sociales y políticos tanto en los países de origen como en los de destino. La implementación de programas como «México te abraza» se ha convertido en una respuesta institucional para mitigar el impacto social de estas movilizaciones, procurando un trato digno y acceso a oportunidades para quienes retornan.
En cifras, más de 99 mil personas ingresaron a centros de atención en varias entidades, recibiendo servicios que incluyen alimentación, atención médica y asesoría jurídica. Además, más de 90 mil connacionales fueron afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, beneficiándose con atención médica y recursos económicos para facilitar su reinserción. También se emitieron más de 56 mil actas de nacimiento y CURP para facilitar su regularización.
Este proceso de repatriación y atención humanitaria evidencia la importancia de la coordinación internacional y nacional en el manejo de flujos migratorios, así como la necesidad de fortalecer las políticas públicas que aseguren la protección de los derechos de las personas retornadas y faciliten su integración social y económica.