El ministro de Economía lleva adelante negociaciones no oficiales con el fondo buitre, mientras la Procuración busca detener el fallo judicial en Nueva York.
En medio de la disputa por la expropiación de YPF, Argentina enfrenta un escenario complejo por el fallo en tribunales de Nueva York que ordena pagar 16 mil millones de dólares. Mientras la Procuración General del Tesoro impulsaba una estrategia de anular el fallo y respaldaba la legalidad de la expropiación, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ha iniciado negociaciones confidenciales con Burford Capital, fondo buitre ganador en la causa. Estas tratativas paralelas generan incertidumbre respecto a la postura oficial del gobierno, que aún mantiene su rechazo a pagar la sentencia y apela la resolución judicial.
Diversos indicios sugieren que, antes del inicio formal de su gestión, el actual gobierno ya mantenía contactos discretos con actores ligados a fondos buitres, con el fin de explorar opciones financieras para afrontar la deuda judicial. Según analistas del mercado, una de las propuestas en estudio sería ofrecer bonos reestructurados con condiciones muy favorables, como una fuerte quita y plazos extensos, para evitar el pago inmediato y presentar la negociación como una solución para salvar a YPF. Sin embargo, esta estrategia choca con la posición judicial y política de no ceder ante demandas extorsivas, ya que aceptar un acuerdo por la vía de bonos con condiciones agresivas implicaría una importante renuncia política, que podría interpretarse como un reconocimiento de la legitimidad de la demanda del fondo.
El avance de las negociaciones, que incluye múltiples reuniones de Mato con funcionarios económicos, genera rumores sobre un posible giro en la política oficial si se opta por una solución extrajudicial que evite el pago completo de la indemnización. La decisión final todavía está en debate y podría tener profundas implicancias en la relación entre el Estado y los fondos buitres, así como en la estrategia económica y legal del gobierno en la disputa judicial.