El Congreso brasileño avanza en la ley para disminuir los costos de energía, mientras Paraguay enfrenta incertidumbre sobre sus recursos destinados a programas sociales.
La discusión para reducir la tarifa de la Central Hidroeléctrica de Itaipú en Brasil está en marcha en el Congreso, lo que podría impactar significativamente los ingresos destinados a Paraguay. Mientras tanto, el Gobierno paraguayo, encabezado por Santiago Peña, mantiene un silencio oficial respecto a negociaciones específicas, aunque existe preocupación por la posibilidad de que la nueva tarifa excluya los gastos sociales asociados. La postura del gobierno brasileño, liderada por Lula da Silva, busca que en 2027 la tarifa refleje solo los costos operativos, eliminando gastos adicionales, lo que sería un cambio profundo en la estructura económica de la binacional.
Esta situación se agrava por la proximidad del vencimiento del acuerdo vigente, que establece una tarifa de aproximadamente 19.28 dólares por megavatio y que regirá hasta 2026. La eliminación o reducción de los recursos provenientes de la venta de energía al Brasil podría afectar programas sociales en Paraguay, como el de alimentación escolar “Hambre Cero”, que actualmente recibe fondos de esos ingresos. Además, las autoridades sindicales expresan preocupación por una posible aceleración en el uso del excedente energético, producto de la creciente demanda interna e industrial, lo cual limitaría la capacidad del país para negociar condiciones favorables en el futuro y podría acelerar la pérdida de fondos sociales.
El debate internacional y la falta de claridad en las negociaciones reflejan una estrategia que, según expertos, busca abrir la puerta a intereses de actores externos, como corporaciones estadounidenses interesadas en desarrollar centros de datos en Paraguay. La incertidumbre sobre la política energética y financiera de Itaipú genera inquietud en las finanzas públicas paraguayas, cuyo presupuesto depende en gran medida de los recursos generados por la represa binacional y sus condiciones tarifarias.
Brasil continúa frenando la discusión sobre el Anexo C del acuerdo, alegando motivos políticos, lo que alimenta la percepción de un trato desigual y de posibles afectaciones a la estabilidad económica y social del país vecino. La falta de mecanismos transparentes para la gestión y destino de los recursos binacionales también preocupa a oficiales y sectores sociales que temen la opacidad en el manejo de fondos.