El expresidente, que cumplía prisión domiciliaria, fue trasladado a una cárcel federal tras intentar evadir la justicia y planear solicitar asilo en Argentina.
Brasil vivió un giro significativo en su panorama político y judicial con la detención del expresidente Jair Bolsonaro. El líder de la ultraderecha, que desde agosto permanecía bajo vigilancia en su domicilio, fue trasladado a una prisión de la Policía Federal en Brasilia bajo órdenes del Supremo Tribunal Federal. La decisión de emitir una orden de prisión preventiva se basó en la evidencia de acciones concretas que sugerían una tentativa de evasión, incluyendo el intento de romper el dispositivo de rastreo electrónico que monitoreaba sus movimientos y la convocatoria a una vigilia en su residencia, organizada por su hijo senador, como posibles estrategias para facilitar su fuga hacia alguna embajada en Brasilia, con indicios de un posible asilo en Estados Unidos o Argentina. Además, informes policiales señalan que Bolsonaro habría planificado solicitar protección en Argentina, alegando persecución política. Este traslado se produce en un contexto de alta tensión, pues en septiembre pasado fue condenado a 27 años de prisión por conspiración para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde agosto, el exmandatario había cumplido con restricciones en su residencia, pero decisiones judiciales anteriores rechazaron sus recursos para reducir su condena a motivos humanitarios. La orden de prisión preventiva aún debe ser validada por la corte, con una audiencia de custodia prevista para el domingo y una votación en línea de los magistrados, marcando un momento decisivo en el proceso judicial contra Bolsonaro.