La protección de los derechos indígenas aumenta con reformas y denuncia de usos indebidos en moda y diseño
La apropiación cultural en México se ha intensificado en los últimos años, con varias marcas internacionales y nacionales acusadas de utilizar elementos de comunidades indígenas sin autorización ni reconocimiento. Entre los casos más relevantes se encuentran las sandalias “Oaxaca Slip-On” de Adidas, que replican huaraches zapotecos de Yalalag, y las acusaciones contra firmas como Carolina Herrera, Zara, Anthropologie, Patowl, Ralph Lauren, Shein, e Isabel Marant.
En 2019, la Secretaría de Cultura de México acusó a Carolina Herrera de apropiación cultural por incorporar bordados de comunidades de Tenango de Doria, Hidalgo; el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y el sarape de Saltillo, Coahuila, en su colección Resort 2020. La autoridad envió una carta formal solicitando explicación y reconocimiento para las comunidades afectadas.
En 2021, Zara fue denunciada por usar diseños indígenas de regiones como Oaxaca sin autorización. La Secretaría de Cultura destacó que la firma realizó un vestido midi bordado inspirado en símbolos ancestrales y en prendas tradicionales huipil, que pueden tardar hasta un mes en producirse. Otras marcas, como Anthropologie y Patowl, también fueron señaladas por usar bordados de comunidades Mixe y zapotecas en prendas sin compensación.
En 2014, Pineda Covalin fue acusada de utilizar diseños tradicionales de bordado para crear bolsos con motivos indígenas, sin colaboración ni beneficios para las comunidades originarias. La marca pagó en su momento un costo cercano a los 40 mil pesos por un sillón de tenangos vendido en 18 mil dólares.
Durante 2022, Ralph Lauren y Shein enfrentaron denuncias por copiar textiles de Tlaxcala, Saltillo y regiones mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En 2020, la diseñadora francesa Isabel Marant generó controversia por copiar patrones purépechas, aunque posteriormente ofreció disculpas públicas y afirmó que en el futuro rendiría homenaje a las fuentes de inspiración.
Estos casos evidencian la necesidad de fortalecer los marcos legales que protejan el patrimonio cultural y las expresiones creativas de las comunidades indígenas. En 2024, se aprobó una reforma constitucional que reconoce los derechos culturales y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno trabaja en una nueva ley para proteger el patrimonio cultural indígena y afromexicano. La legislación buscará prevenir el uso no autorizado, promover condiciones de comercio justo y establecer mecanismos claros para la protección de la propiedad intelectual colectiva, incluyendo sanciones para quienes vulneren estos derechos.
Este esfuerzo se vincula con el movimiento “Original”, impulsado por la Secretaría de Cultura, que busca sensibilizar a las comunidades artesanales sobre la protección de sus creaciones y derechos.