Un ataque en Montevideo en contra de la fiscal general de Uruguay reaviva preocupaciones regionales sobre la lucha contra el narcotráfico y las amenazas a fiscales.
En un fuerte indicio de la escalada de violencia relacionada con el narcotráfico en la región, una fiscal uruguaya sufrió un atentado en su vivienda en Montevideo, que ha generado alarma en Paraguay y otros países vecinos. La agresión ocurrió en la madrugada del domingo y contó con una balacera y la detonación de una granada, en un acto claramente intimidatorio dirigido a la fiscal general de Uruguay. La profesional se encontraba investigando operaciones vinculadas a grupos criminales que controlan el tráfico de drogas y que tienen conexiones con organizaciones en Paraguay, particularmente con la banda liderada por el narcotraficante Sebastián Marset.
Este caso se suma a la serie de amenazas y operaciones violentas que enfrentan fiscales y jueces en la región, especialmente aquellos involucrados en la lucha contra el narcotráfico. La situación se ve agravada por la presencia de figuras criminales como Luis Fernando Fernández Albín en Uruguay, quien habría establecido alianzas con Marset desde 2017 para facilitar envíos de cocaína a Europa, y por la influencia del llamado “rey de la hidrovía”, cuya pareja está en prisión en Asunción bajo cargos relacionados con lavado de dinero.
El incidente en Montevideo ha puesto en marcha alertas diplomáticas y judiciales en Paraguay, donde representantes del Ministerio Público han expresado su apoyo a las autoridades uruguayas, al tiempo que refuerzan su compromiso con la protección de funcionarios que enfrentan amenazas del crimen organizado. La presencia de líderes criminales en la región, así como su capacidad de intimidar a los actores judiciales, evidencian la gravedad del desafío que representa el narcotráfico en Sudamérica, y la necesidad de esfuerzos coordinados para frenar su avance.