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Política

Hijo de Adán Augusto recibió más de 800 mil pesos como asistente en Congreso

Documento revela que el hijo del secretario de Gobernación recibió más de 800 mil pesos como asistente en el Congreso, sin realizar su servicio social y con contratos de casi dos años.

Por Redacción1 min de lectura
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Documentación revela que Augusto Andrés López Hernández trabajó casi dos años en el Congreso de la Unión, en un puesto vinculado a Morena, sin realizar su servicio social.

En un análisis detallado de contratos en el Congreso de la Unión, se ha reportado que Augusto Andrés López Hernández, hijo del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, fue contratado como asistente por honorarios durante 23 meses, desde octubre de 2022 hasta mayo de 2024. La documentación indica que durante ese periodo recibió un total de aproximadamente 805 mil pesos, con una remuneración mensual de 35 mil pesos brutos.

A pesar de que en algún momento se mencionó que su labor correspondía a un servicio social universitario, los registros oficiales evidencian que López Hernández estuvo empleado como asistente del grupo parlamentario de Morena, sin cumplir con esa función ni realizar prácticas académicas en la Cámara de Diputados. Además, registros del Registro Nacional de Profesionistas confirman que su título se obtuvo en marzo de 2025, periodo posterior a su contratación.

Este caso cobra relevancia dado el contexto político y las vinculaciones familiares en cargos públicos. La presencia de familiares en instituciones legislativas ha sido objeto de debate en los últimos años, particularmente cuando existen aspectos económicos significativos asociados, como en este caso donde el ingreso total supera los 800 mil pesos en poco más de dos años. La situación resalta la importancia de la transparencia y la fiscalización en el uso de recursos públicos, además de la necesidad de clarificar los roles asignados a los empleados vinculados a figuras públicas.

De fondo, este caso evidencia cómo ciertos vínculos familiares pueden facilitar el acceso a empleos en organismos oficiales, generando cuestionamientos sobre equidad y transparencia en los procesos de contratación en el sector público.

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