En apenas tres meses, ciudadanos de Hidalgo respaldaron la solicitud para reconsiderar la continuidad del gobernador Julio Menchaca, tras reunir las firmas requeridas ante el Instituto Estatal Electoral.
En un proceso que duró de septiembre a diciembre de 2025, ocho promoventes en Hidalgo lograron recabar un total de 11 mil 280 firmas como apoyo para solicitar la revocación del mandato del gobernador Julio Menchaca Salazar. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo validó que 10 mil 92 de estas firmas cumplían con los requisitos legales, representando un 4.26 por ciento del total necesario según la lista nominal del estado, que asciende a más de 2.3 millones de ciudadanos. Aunque los registros preliminares mostraron algunas inconsistencias, la mayoría fue aceptada tras una revisión cuidadosa.
Este trámite forma parte de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la legislación electoral, que permite a la población solicitar un proceso de consulta para evaluar la continuidad de autoridades. La relevancia del proceso en Hidalgo se incrementa en un contexto de demandas por mayor transparencia y participación directa en decisiones gubernamentales. Algunos actores políticos expresaron preocupaciones sobre los requisitos, como la toma de fotografías, que consideran un obstáculo para la participación, mientras que otros señalaron que el bajo apoyo obtenido refleja un interés ciudadano más centrado en el cumplimiento de funciones que en la remoción del mandatario.
Para la revisión final, el Instituto Nacional Electoral deberá validar oficialmente las firmas y determinar si se cumple el umbral legal para convocar a una consulta. La iniciativa, si prospera, marcará un precedente importante en el ejercicio democrático en la región, evidenciando la tendencia de mayor involucramiento ciudadano en las decisiones sobre sus mandatarios. Históricamente, estos mecanismos buscan fortalecer la responsabilidad de los gobernantes y garantizar una gobernanza más participativa.
Este proceso también invita a analizar las condiciones que facilitan o dificultan la participación popular en procesos de revocación, como la complejidad del trámite y los requisitos de identificación. La creciente demanda por mayor participación ciudadana en México refleja un interés colectivo en fortalecer los canales democráticos y la vigilancia de las instituciones públicas, reafirmando que la ciudadanía busca ejercer un control más directo sobre sus representantes.