Luego de más de 25 años de lucha, campesinos de Hidalgo, Nuevo León, reclaman indemnización por la venta ilegal de miles de hectáreas, pese a fallos judiciales en su favor.
Después de una prolongada batalla legal y social que supera las dos décadas, aproximadamente 400 ejidatarios de Hidalgo, Nuevo León, mantienen su postura de exigir que las autoridades correspondientes reconozcan su propiedad sobre vastas hectáreas de terreno que consideran han sido despojadas de manera irregular. La disputa se centra en más de 8,3 mil hectáreas, originalmente otorgadas mediante decreto presidencial en favor del Ejido Potrero Chico, que con los años ha sido subdividido y urbanizado con permisos que estos agricultores consideran ilegítimos.
Durante los últimos años, diversos fallos del Tribunal Agrario han confirmado la existencia jurídica del ejido y han ordenado a las autoridades detener la venta de nuevos lotes y pagar una indemnización por las áreas urbanizadas en desacato a decisiones judiciales que refuerzan los derechos de los campesinos. Sin embargo, persiste la problemática de negocios inmobiliarios ilegales que, sin derechos legales, han fraccionado los predios, beneficiándose de servicios básicos como agua y electricidad, pese a tratarse de terrenos no aptos para urbanización.
La situación se agrava con la alcaldesa de Hidalgo, Adriana Margarita Garza, quien continúa autorizando la entrega de planos para nuevas construcciones pese a las órdenes judiciales en su contra. La falta de cumplimiento ha generado preocupación entre los afectados, quienes buscan la intervención del Congreso y del gobierno federal para garantizar sus derechos hereditarios. La estimación del valor total de la propiedad en disputa supera los 100 mil millones de pesos, afectando a más de 30 mil familias que permanecen en incertidumbre respecto a su patrimonio.
Diversos actores políticos, incluido el senador por Nuevo León, Alberto Anaya del Partido del Trabajo, han prometido gestionar soluciones a nivel federal. La problemática revela la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para proteger los derechos campesinos frente a intereses inmobiliarios y garantizar la justicia en la titulación de tierras en la región.