Pachuca, Hidalgo. - La Fiscalía General de la República investiga una red de corrupción relacionada con la empresa Industrias Médicas del Centro (Inmedicen) S.A. de C.V. y contratos por 105 millones 535 mil pesos, adjudicados entre 2018 y 2019 por la Secretaría de Salud de Hidalgo. Estos contratos, otorgados durante la gestión de Marco Antonio Escamilla Acosta como secretario de salud, incluyen cuatro asignaciones a Inmedicen por 83 millones 568 mil pesos y nueve a Alondra Gómez Cornelio, una supuesta testafera, por 21 millones 967 mil pesos.
Documentos de transparencia revelan que las licitaciones fueron firmadas entre el 26 de octubre de 2018 y el 19 de diciembre de 2019 para mantenimiento y equipamiento médico en distintos hospitales. La FGR detalla que Inmedicen no contaba con infraestructura adecuada que justificara su operatividad. Además, se destaca que Gómez Cornelio registró su actividad en la capital chiapaneca y otorgó un poder a José Guillermo Rivera, hermano de Justo Aurelio Rivera Parrazales, presunto líder de La Barredora.
La imputación de la FGR menciona que Rivera está vinculado con el Cártel del Noreste y se le relaciona con el asesinato de José Ángel Dávila Bernal, ejecutado en Mérida, Yucatán, en 2024. La indagatoria implica que el acusado tenía un negocio de compra y venta de vehículos de alta gama, similar a la actividad que realizaba la víctima.
Por el momento, solo se han presentado cargos formales contra Rivera, mientras que las autoridades continúan investigando a otros implicados en este caso de corrupción. Según la FGR, las investigaciones seguirán avanzando en busca de establecer quiénes más pueden estar involucrados en el manejo irregular de recursos públicos.
Con información de reforma.com