La Suprema Corte y órganos judiciales quedan libres de sanciones tras revocación de multas impuestas por el INE por uso y distribución de acordeones en campañas electorales.
En una extensa sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que duró casi seis horas, los magistrados analizaron aproximadamente 400 asuntos, resolviendo principalmente sobre casos relacionados con la distribución de acordeones en contextos electorales. La decisión principal fue la revocación de un acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) en julio pasado, que había sancionado a diversos actores, incluyendo ministros y magistrados, por beneficios obtenidos al aparecer en estos materiales.
El organismo electoral multó a varios integrantes del poder judicial, argumentando que la difusión de acordeones benefició indebidamente a quienes figuraron en ellos, al no determinarse claramente el origen de los financiamientos. Sin embargo, tras la revisión, el tribunal consideró que dichas sanciones carecían de fundamento suficiente y que los implicados no incurrieron en irregularidades comprobadas, eximiéndolos así de multas y responsabilidades.
Entre los beneficiados con esta resolución figura el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, a quien se le perdonó una multa de más de 39 mil pesos. Otros jueces y magistrados, como Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, también quedaron libres de sanciones, cuyos montos variaban dependiendo de su capacidad económica y nivel jerárquico.
La decisión del tribunal fue respaldada por algunos magistrados, mientras otros expresaron su desacuerdo. La resolución refleja un movimiento hacia la protección de ciertos actores judiciales, en un contexto donde las sanciones anteriores generaron polémica por su impacto en la independencia del poder judicial y la percepción pública sobre integridad electoral.
Además, es importante contextualizar que estos acordeones se distribuyeron en campañas electorales en un intento de difundir información o promover candidatos, práctica que para algunos generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la ética en las campañas. La resolución del tribunal sienta un precedente importante acerca de la interpretación y aplicación de las normas electorales en la distribución de materiales de campaña.