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SCJN reconoce fallas en defensa de mujer indígena Rita y ordena reponer proceso

La Suprema Corte reconoció que Rita, mujer rarámuri, no recibió una defensa adecuada en su proceso y ordenó reponerlo para garantizar sus derechos fundamentales.

Por Redacción1 min de lectura
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La Suprema Corte identificó vulneraciones en el caso de Rita, mujer rarámuri, debido a una defensa ineficaz y la falta de perspectiva de género en su proceso judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión trascendental respecto al caso de Rita, mujer indígena de la comunidad rarámuri, condenada a 20 años de prisión tras un proceso judicial que vulneró sus derechos fundamentales. Analizando su historia a través del Amparo Directo 7/2024, la Corte constató que, aunque contó con abogadas públicas durante su proceso, ninguna brindó una defensa efectiva ni garantizó su acceso a una justicia igualitaria. La jueza de control omitió informarle sobre su derecho a apelar, y la defensa no comprendió ni explicó adecuadamente las implicaciones del procedimiento abreviado que aceptó, situación agravada por las condiciones sociales y culturales que enfrentaba Rita, quien tiene poca instrucción y fue víctima de violencia de género. El tribunal también resaltó la importancia de aplicar un enfoque de perspectiva de género en estos procedimientos, especialmente en casos que involucran a mujeres indígenas y con bajos recursos. La decisión de la Corte incluye dejar sin efecto la sentencia y reponer el proceso, garantizando que la defensa sea efectiva y que se respeten los derechos procesales de Rita. Esta resolución refuerza la necesidad de un sistema judicial sensible a las particularidades de las víctimas vulnerables y de aplicar un criterio activo en la protección de sus derechos, promoviendo así una justicia más equitativa y respetuosa del contexto social. La historia de Rita evidencia la desigualdad estructural que enfrentan muchas mujeres indígenas frente al sistema judicial mexicano, y sentencia un precedente sobre la obligación de las autoridades de garantizar una defensa adecuada y con enfoque de género en todos los procedimientos legales.

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