Los gobiernos de Chubut, Mendoza y Santa Cruz apuntan a defender su participación en YPF en medio de las investigaciones sobre el ingreso de la familia Eskenazi en 2007 y el juicio en Nueva York.
En un movimiento que busca fortalecer su posición en la disputa judicial por la propiedad y control de YPF, los gobiernos de Chubut, Mendoza y Santa Cruz se presentaron como querellantes en la causa que investiga el ingreso de la familia Eskenazi a la petrolera estatal en 2007. Estas provincias, principales productoras de petróleo en Argentina, buscan proteger sus intereses y derechos accionarios en medio del contexto legal internacional que incluye juicios en Nueva York y acciones judiciales en Argentina.
La participación de estas jurisdicciones refuerza la lucha por mantener la propiedad y el control sobre YPF, cuyo 49% pertenece a las provincias, una condición establecida en la ley de expropiación aprobada en 2012, que repobló el control estatal sobre la compañía. Los gobernantes enfatizaron la importancia de resguardar este patrimonio, considerando además los efectos de fallos judiciales en Estados Unidos que exigen el pago de indemnizaciones millonarias y la entrega de acciones.
La causa en Nueva York se origina en reclamaciones de fondos extranjeros, como Burford Capital, que adquirieron derechos de litigio contra la Argentina durante el proceso de expropiación, acusando al Estado de violar condiciones contractuales al no ofrecer una oferta igualitaria a todos los accionistas. La magistrada Loretta Preska ordenó en marzo de 2023 un pago de más de 16 mil millones de dólares en concepto de indemnización, orden que fue temporalmente suspendida por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York.
El involucramiento activo de los gobiernos provinciales reafirma su interés en mantener y proteger sus derechos en YPF, que continúa siendo un activo estratégico para la economía nacional y regional. La complejidad de los litigios, tanto en Argentina como en Estados Unidos, refleja las profundas implicaciones políticas y económicas que rodean a la compañía desde su expropiación en 2012 y la posterior litigación internacional.