El diputado federal del PAN en Aguascalientes afirma que la reforma otorga discrecionalidad a Conagua y afecta derechos de productores.
La reciente aprobación de la Ley General de Aguas ha generado controversia respecto a los derechos de concesión del agua en México. Mientras la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, ha declarado que ninguna concesión ha sido modificada, un legislador del Partido Acción Nacional en Aguascalientes sostiene lo contrario.
El diputado federal por Aguascalientes, Paulo Martínez, señala que los artículos 37 Bis 1 y 37 Bis 2 del dictamen consolidan una figura que limita la transmisión automática de derechos, condicionándola a la aprobación discrecional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta nueva figura, en su opinión, representa una reasignación obligatoria de derechos en lugar de un mero ordenamiento, afectando directamente a productores y comunidades rurales que dependen del uso del agua.
Asimismo, Martínez alerta que la implementación de estos cambios carece de transparencia y control efectivo, vulnerando derechos adquiridos. La autoridad centralista y con recursos limitados tendría la capacidad de negar, restringir o modificar derechos de manera arbitraria, sin plazos claros ni recursos efectivos para los usuarios afectados. La reducción presupuestal de Conagua agrava esta situación, dejando a muchas familias y productores en una posición de incertidumbre jurídica.
Este cambio legislativo resalta la importancia de entender cómo las reformas en las leyes de aguas impactan en la gestión del recurso y en los derechos de los usuarios, especialmente en un contexto de creciente demanda y escasez de agua en varias regiones del país. La consolidación de controles discrecionales en la administración del agua podría tener consecuencias importantes en la seguridad jurídica y en el desarrollo agrícola y social.