La indagatoria se centra en un collar de lujo presuntamente recibido como regalo, valuado en 227 mil pesos.
Chilpancingo, Guerrero. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero ha iniciado una investigación formal contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por el presunto delito de cohecho. La indagatoria surge a raíz de la exhibición de un collar de la marca francesa Van Cleef & Arpels, cuyo valor estimado es de 227 mil pesos.
La investigación se desencadena tras una denuncia interpuesta por Ramiro Solorio Almazán, excandidato a la alcaldía por el Partido Encuentro Social (PES). Solorio Almazán ratificó la denuncia el pasado 6 de enero ante la fiscalía especializada, señalando que dos testigos ya han rendido su declaración y se espera que la alcaldesa López Rodríguez sea llamada a comparecer. El delito de cohecho conlleva una sanción penal de seis a 16 años de prisión, lo que ha llevado a Solorio Almazán a solicitar la separación del cargo de la edil para que enfrente el proceso sin fuero ni recursos públicos.
El collar en cuestión fue presumido por la alcaldesa durante una sesión de cabildo en octubre de 2025. En ese momento, López Rodríguez declaró que la pieza era de fantasía y un obsequio de una vecina de la colonia Simón Bolívar, una de las zonas más marginadas del puerto. Aseguró que el collar no era costoso ni de oro, sino de acero. Sin embargo, en entrevistas posteriores, la alcaldesa justificó la recepción del regalo como una muestra de afecto del “pueblo”.
Esta investigación se suma a otras acciones previas emprendidas contra la administración de Abelina López Rodríguez. En abril de 2025, Ramiro Solorio Almazán ya había presentado una solicitud de revocación de mandato ante el Congreso del estado, argumentando supuestas omisiones en sus funciones, como la falta de un programa de prevención del delito y el incumplimiento de sesiones de cabildo. Adicionalmente, en junio de 2025, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia ante la FGE por el presunto ejercicio ilícito del servicio público y la negativa de la alcaldesa a rendir cuentas sobre el destino de 898 millones de pesos en recursos federales de 2023, provenientes de fondos como el FISM y el Fortamun.
La situación pone de manifiesto la creciente presión sobre las finanzas y la transparencia en la administración municipal de Acapulco. Las indagatorias sobre el origen de bienes suntuosos y la gestión de recursos públicos son cruciales para mantener la confianza ciudadana y garantizar el correcto ejercicio de la función pública, especialmente en un municipio que enfrenta importantes desafíos sociales y económicos.