En 2024, Chihuahua ocupa el tercer lugar en sentencias por faltas administrativas graves, sin sesgo político, según la Auditoría Superior del Estado.
La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) informó que durante 2024, la entidad se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional en número de sentencias definitivas por faltas administrativas graves y en los primeros diez lugares en expedientes recibidos y procedimientos iniciados. La presentación del Informe Anual de Avances 2025 se realizó en la Sala Legisladoras del Congreso Local.
De acuerdo con el documento, se reportaron 72 sanciones por faltas graves, incluyendo 47 inhabilitaciones del servicio público, 11 sanciones económicas, 10 indemnizaciones y una destitución. Además, se registraron 97 sanciones por faltas no graves, que comprenden amonestaciones, suspensiones e inhabilitaciones.
El director de la ASE, Acosta Félix, afirmó que los servidores públicos sancionados corresponden a todas las extracciones políticas del Estado, sin que exista un sesgo hacia un partido específico. “No tiene un sesgo de que a cierto color hay una mayor intensidad de auditorías o de sanciones. Y ese ha sido el gran valor que le hemos imprimido a la Auditoría Superior”, declaró.
Asimismo, Acosta Félix coincidió con la diputada Leticia Ortega Máynez, del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, quien resaltó que la actuación de la ASE es técnica y libre de sesgo político.
Entre los casos recientes, se encuentra el del ex Tesorero del municipio de Morelos en 2022, quien transfirió recursos públicos a una persona sin relación contractual con el Ayuntamiento y sin haber ejecutado la obra correspondiente. La irregularidad fue detectada en auditorías y derivó en una investigación formal.
El ex funcionario justificó la operación como un acto involuntario, pero la ASE presentó el caso ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En enero de 2025, durante la audiencia inicial, el imputado reintegró el dinero, aunque el Tribunal consideró que el reembolso no fue espontáneo, ya que se hizo dos años después y tras el inicio del procedimiento sancionador.
Finalmente, la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materias de Responsabilidades Administrativas determinó responsabilidad administrativa por abuso de funciones y sancionó al ex Tesorero con 90 días de suspensión en sus funciones públicas.