Los datos oficiales señalan que mientras en 2024 se iniciaron 482 procesos de vinculación a juicio por esta causa, entre enero y septiembre de 2025 la cifra escaló a 682. Esto representa un promedio mensual de 75.8 personas vinculadas, en comparación con las 40 del año previo. En promedio, casi dos personas y media, en su mayoría hombres, fueron vinculadas a proceso diariamente por no cumplir con sus responsabilidades económicas hacia sus dependientes.
El Código Penal de Guanajuato tipifica el incumplimiento de asistencia familiar como un delito que atenta contra el derecho fundamental de menores y dependientes a recibir los recursos necesarios. Las sanciones contempladas van desde multas económicas hasta penas de hasta cuatro años de prisión, dependiendo de la gravedad y el monto de la asistencia omitida. Este delito se persigue únicamente a través de una querella formal.
A pesar del aumento en los juicios, el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, implementado en 2022, ha mostrado una efectividad limitada. Este padrón, que solo incluye a quienes han sido declarados judicialmente como morosos por más de 90 días sin justificación, apenas registraba unos 75 casos inscritos hasta 2024, una cifra que contrasta con los miles de procesos anuales en los juzgados familiares.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado también mostraron un alza. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un promedio mensual de 226 denuncias en 2024, cifra que aumentó a 247 mensuales en el periodo enero-noviembre de 2025, sumando un total de 2,715 casos en ese lapso. Esto equivale a una media de ocho denuncias diarias por este delito en el estado durante 2025.