La exalcaldesa de Cuauhtémoc anunció oficialmente su negocio después de múltiples retrasos, en medio de señalamientos y cuestionamientos a su empresa.
La empresaria y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas López, anunció la apertura de su nueva dulcería tras casi dos años de espera y múltiples retrasos en su inauguración. Después de informar inicialmente en febrero de 2025 que abriría en abril, la fecha nunca se confirmó oficialmente, generando dudas entre sus seguidores y medios de comunicación.
En octubre, Cuevas mostró en redes sociales su presencia en una fábrica, señalando avances en la adquisición de material. Finalmente, el 4 de diciembre comunicó la apertura oficial, expresando su entusiasmo por reactivar uno de sus negocios más apreciados, aunque no precisó detalles sobre la ubicación ni las causas del aplazamiento inicial. Este anuncio se realiza en medio de un crecimiento acelerado de sus actividades empresariales, vinculadas a un conglomerado que incluye diversos negocios y una marca personal que ha generado controversia pública.
Desde su paso por la política en 2021, Cuevas ha mantenido una fuerte presencia mediática, confrontando públicos y promoviendo su expansión empresarial. Sin embargo, su grupo empresarial ha enfrentado señalamientos por presunta actividad ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera ha abierto investigaciones por presunto lavado de dinero y enriquecimiento inexplicado, mientras que otras denuncias cuestionan la transparencia y legalidad de sus empresas.
En respuesta a estos cuestionamientos, la empresaria afirmó en sus redes que trabaja en una plataforma de transparencia que permitirá conocer cómo se generan y manejan sus ingresos, buscando impulsar una imagen de compromiso con la ética y evitar suspicacias sobre sus operaciones. La relevancia de su caso radica en el cruce entre actividad empresarial y política, en un contexto donde la transparencia y la legalidad empresarial son temas de interés público y social.
Este caso refleja la creciente influencia y ambiciones de ciertos actores políticos en el ámbito empresarial en México, y evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos que certifiquen la legalidad y transparencia en los negocios ligados a figuras públicas.