La Fiscalía detecta que una red criminal vinculada a elementos de la Marina sigue activa, con acceso a tecnología, rutas marítimas y recursos ilícitos.
Las autoridades mexicanas identificaron una sofisticada estructura delictiva que involucra a funcionarios y elementos activos de la Secretaría de Marina, los cuales continúan operando en el ámbito del tráfico y contrabando de hidrocarburos. La organización ha consolidado una red que dispone de recursos económicos, armas y tecnología avanzada, lo que les permite mantener sus actividades ocultas y obstaculizar la justicia.
Recientemente, un juez federal ordenó la captura de trece individuos vinculados a delitos de delincuencia organizada en materias de hidrocarburos, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entre los señalados se encuentran personas que, con formación militar y acceso a información de seguridad, habrían gestionado operaciones en puertos marítimos clave como Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, facilitando la importación ilegal de combustibles desde Estados Unidos mediante empresas y documentos falsificados.
Desde 2019, las denuncias internas habían señalado actividades ilícitas relacionadas con el huachicol en puertos mexicanos, pero fue hasta agosto de 2025 cuando se emitieron órdenes de captura, y en septiembre la información se hizo pública, tras una denuncia formal presentada por un exfuncionario a través de un correo. La Secretaría de Marina reconoció haber recibido informes sobre operaciones de contrabando, pero afirmó no tener registros de investigaciones o sanciones contra su personal en ese periodo.
El expediente judicial revela que los acusados mantienen un alto nivel de preparación y definidos intereses económicos, algunos de los cuales actualmente conservan su situación laboral en dependencias militares y aduaneras. La organización ha demostrado capacidad para manipular pruebas, intimidar testigos e incluso planear acciones de violencia, como los recientes asesinatos de un contralmirante y una agente de la Fiscalía, ocurridos en Colima y relacionados con la red. La corte ordenó que los implicados fueran internados en centros de máxima seguridad para mantener la integridad del proceso legal.
Este caso refleja la gravedad del vínculo entre corrupción, actividades ilícitas y la protección institucional en el sector marítimo, poniendo en evidencia riesgos para la seguridad nacional, la lucha contra el tráfico de hidrocarburos y la integridad del sistema judicial nacional.