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Agricultores mantienen bloqueos en 17 estados por demanda de precio justo al maíz

Agricultores mantienen bloqueos en 17 estados de México para exigir un precio justo de 7,200 pesos por tonelada de maíz, ante la caída de apoyos y altos costos.

Por Redacción1 min de lectura
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Productores rurales exigen garantizar un precio de 7,200 pesos por tonelada ante la caída de apoyos y altos costos de producción, manteniendo protestas en varias regiones del país. El sector agrícola mexicano continúa movilizándose en varias regiones del país para exigir un precio de garantía adecuado por su principal producto, el maíz. Durante las protestas, miles de agricultores bloquearon carreteras y casetas en al menos 17 estados, incluyendo Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas, en demanda de un precio mínimo de 7,200 pesos por tonelada. Los productores consideran insuficiente la oferta actual de 6,050 pesos, advirtiendo que no cubre los costos reales de siembra y transporte, especialmente ante la escalada en precios de insumos básicos como fertilizantes y combustibles. Este rechazo se produce en un contexto donde el sector enfrenta múltiples obstáculos, como la caída en los precios internacionales y la influencia de políticas comerciales que permiten importaciones baratas, afectando la rentabilidad de los productores nacionales. La protesta refleja también el impacto de la inseguridad y la violencia en las zonas productivas, agravadas por la presencia del crimen organizado, que limita el acceso y perjudica las actividades agrícolas. La comunidad campesina mantiene sus bloqueos y exige interlocución efectiva con las autoridades federales y estatales para evitar el desabasto y garantizar la sostenibilidad del campo mexicano. Desde hace varias semanas, organizaciones campesinas y agroindustrias han solicitado una revisión urgente de los apoyos económicos, así como la reactivación de programas de financiamiento y subsidios para incrementar la competitividad. La incertidumbre sobre la viabilidad del sector agrícola puede tener repercusiones en el abastecimiento local y en la economía rural, generando un llamado conjunto para que el gobierno dialogue con los productores y ajuste sus políticas a las necesidades del campo mexicano.

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