La Fiscalía aún no archiva casos por bloqueos en carreteras para demandar mejores precios, mientras los agricultores preparan acciones legales y análisis internacionales.
En Guanajuato, los agricultores dedicados a la producción de maíz continúan enfrentando procesos legales derivados de bloqueos en carreteras que realizaron en busca de mejorar los precios del grano. Pese a las promesas de autoridades federales de retirar las carpetas de investigación, estas aún permanecen abiertas, generando incertidumbre en el sector. Los productores argumentan que las investigaciones están llenas de inconsistencias y carecen de pruebas sólidas, lo que motiva a algunos a contemplar llevar el asunto ante instancias internacionales.
La situación refleja una tensión persistente entre la demanda agromersorial y las acciones del gobierno federal, que ha respondido en ocasiones con medidas de represión. La comunidad agrícola de Guanajuato asegura que, aunque no desean manifestarse de forma violenta, su situación requiere atención inmediata, y planean mantenerse movilizados si no se compensa adecuadamente la pérdida de recursos y los recortes en permisos de agua.
Este conflicto tiene un impacto mayor, ya que afecta a toda la región del Bajío, una de las zonas más importantes para la agricultura en México. La movilización podría intensificarse, incluyendo posibles acciones en instancias internacionales, ya que los productores consideran que sus demandas deben escucharse y resolverse sin recurrir a la represión policial. La problemática de los precios, el acceso al agua y la falta de apoyo gubernamental continúan siendo temas prioritarios para el sector.