La magistrada, con 16 años de experiencia judicial, fue designada en junio de 2025 y será responsable de determinar la situación legal del exgobernador en un caso de alta controversialidad, vinculado a delitos de lavado de dinero.
El proceso judicial que involucra al exgobernador de Chihuahua, César Augusto Vázquez Valdivia, sigue en marcha. La jueza María Jazmín Ambriz López, quien fue electa en junio de 2025 en un proceso de selección popular de jueces y magistrados, será la encargada de determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por lavado de dinero.
Ambriz López, de 39 años, cuenta con una trayectoria de 16 años en el sistema judicial mexicano, además de estar cursando actualmente el tercer semestre de un Doctorado en Ciencias Penales. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de haber realizado diversos cursos especializados en justicia penal, procedimientos orales y temas relacionados con derechos humanos y delitos complejos.
Su carrera judicial la ha llevado por diferentes cargos en tribunales del Estado de México, evidenciando su experiencia en la administración de justicia en casos de alta complejidad. La designación de esta jueza llega en un contexto de tensión debido a que la defensa del exmandatario argumenta que un tratado bilateral prohíbe juzgarlo por delitos distintos a los que motivaron su extradición, que fueron peculado y asociación delictuosa.
Este escenario revela la importancia de la formación y experiencia de los jueces en la resolución de casos con implicaciones políticas y sociales relevantes, en un momento en que la justicia en México enfrenta desafíos de transparencia y legalidad. La decisión que tome Ambriz López tendrá un impacto decisivo en el rumbo del proceso y en las expectativas públicas sobre el sistema judicial mexicano en materia de rendición de cuentas y control de la corrupción.
A nivel general, esta situación refleja los debates internacionales sobre la extradición y la jurisdicción en casos de alto perfil, así como la necesidad de fortalecer los recursos y conocimientos de los tribunales nacionales para garantizar procesos justos y respetuosos de los tratados internacionales.