La reducción del 20% en sus salarios y la eliminación de prestaciones amenazan la independencia judicial en Guanajuato, generando preocupación entre los togados.
En Guanajuato, los jueces del Poder Judicial Federal enfrentan desde diciembre una disminución de sus ingresos de entre el 20% y 23%, medida que ha sido interpretada como un acto de coerción y vulneración de su autonomía. La acción se da en un contexto donde, previamente, las reformas judiciales buscaban blindar los salarios y garantizar la independencia de los magistrados y jueces del estado. Sin embargo, recientes decisiones administrativas, como la instrucción de abstenerse de promover recursos legales, parecen responder a una estrategia para desalentar la resistencia y controlar a estos funcionarios judiciales.
Este recorte salarial, además de afectar la economía de los juzgadores, compromete principios fundamentales del Estado de Derecho, específicamente aquellos que aseguran la imparcialidad y la protección contra presiones externas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de México establecen que las remuneraciones de los magistrados y jueces son inalterables durante su mandato, reforzando la independencia del Poder Judicial. La pérdida de estos derechos constituye un riesgo para la integridad del sistema judicial y la democracia, en un escenario donde muchos consideran que se busca silenciar y desmotivar a los jueces.
La remodelación en las condiciones laborales también implica la eliminación de prestaciones sociales y seguros médicos, sin un sustento legal claro. Desde septiembre de 2025, la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de separación individualizado ha agravado la situación, afectando derechos adquiridos y generando protestas por parte de exfuncionarios. La falta de respuestas a demandas de indemnización y los bloqueos de fondos públicos han exacerbado las protestas, evidenciando tensiones entre el poder administrativo y los principios constitucionales que buscan garantizar la autonomía judicial y la protección de derechos laborales.
El hecho no solo revela un deterioro en las condiciones laborales en Guanajuato, sino que también pone en entredicho las garantías institucionales que protegen a los jueces, fundamentales para su decisión imparcial. La situación refleja la necesidad urgente de fortalecer el respeto a la independencia judicial y garantizar que las reformas administrativas no se conviertan en herramientas de cooptación política y control.
Este escenario refuerza la importancia de un sistema judicial autónomo, donde las decisiones y condiciones laborales se ajusten a derechos constitucionales y estándares internacionales. La comunidad jurídica advierte que, de persistir estas prácticas, podría afectarse la confianza en las instituciones y el correcto funcionamiento del sistema de justicia en la región.