La elección de María José Ocampo Vázquez genera controversia por no haber obtenido la mayoría de votos en las elecciones judiciales, en medio de críticas a la reforma del Poder Judicial.
La integración del Tribunal de Justicia de Aguascalientes también estuvo marcada por controversialidades respecto a la elección de su presidenta. María José Ocampo Vázquez, hija de la ex candidata presidencial y actual senadora del PAN, fue nombrada para ocupar el cargo de manera oficial en medio de debates sobre la legalidad y transparencia del proceso. Aunque en su primer día de trabajo realizó una serie de visitas institucionales para saludar a las autoridades y el personal judicial, su designación levantó dudas, ya que no fue la candidata con mayor respaldo en la elección interna del órgano judicial.
De acuerdo con la normativa constitucional del estado, la candidatura que obtiene la mayor cantidad de votos en la elección de magistrados es la que en principio debería presidir el órgano. Sin embargo, Ocampo Vázquez, quien logró aproximadamente 83 mil votos, quedó en sexto lugar, mientras que la primera posición fue para otro aspirante que recibió cerca de 89 mil votos. La ley establece que la presidencia debe recaer en la candidata o candidato con mayor apoyo, lo que genera discrepancias en su designación.
Este caso se inscribe en un contexto de reformas judiciales impulsadas por el gobierno federal y criticadas por diversos actores políticos, incluyendo a figuras del PAN, por supuestas irregularidades en los procesos de elección y por cambios en la estructura del poder judicial. La participación de candidaturas que se han visto rodeadas de controversias refleja la polarización que existe en torno a la reforma judicial implementada hace unos años, cuyo propósito es fortalecer la independencia del Poder Judicial, pero que también ha sido objeto de cuestionamientos en diversos casos.
El nombramiento de Ocampo Vázquez, además de generar expectativas en torno a su gestión, invita a la revisión de los procedimientos de selección en el sistema judicial estatal, y contribuye a la discusión sobre la transparencia y la legalidad en los mecanismos de elección de sus autoridades.